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Estos organismos fueron creados a través de la aprobación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y tiempo después mediante el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, se aprobó el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial que desarrollaba su funcionamiento.
Para prevenir y controlar los posibles riesgos, las Administraciones Públicas, en sus ámbitos de competencia establecen políticas de seguridad industrial, regulando sus requisitos y los controles que se deben realizar durante su diseño, su ejecución o producción, su puesta en servicio, y durante su vida útil para garantizar que se siguen manteniendo las condiciones de seguridad.
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